NOTA PREVIA: Este artículo se publicó en La Vanguardia el martes 26 de Octubre de 2010. He sido incapaz de encontrarlo en la web del diario. Estaré encantado de enlazar el original y quitarlo de aquí. ¡Ah! Y a continuación hago una serie de comentarios al respecto.

Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor

Todos esos medios de comunicación que una y otra vez ponen el grito en el cielo cuando en Catalunya se multa a las empresas que incumplen la ley de lenguas y no tienen sus rótulos como mínimo en catalán han pasado de puntillas por la noticia de que, el año pasado, la Generalitat de Catalunya multó a 94 empresas por no etiquetar en castellano. Son esos diarios, esas radios y esas cadenas de tele que generan gigantescas bolas de mierda a base de deformar la realidad, voceando que aquí se prohíbe rotular en español y que a quien no habla en catalán nos lo comemos con patatas fritas para desayunar. A la cabeza de ese alud de patrañas, el Partido Popular y su lazarillo, Ciudadanos, que, en esta ocasión, han decidido mirar hacia otro lado y silbar Siboney, que es la mejor melodía para disimular.

Pues sí: el año pasado la Generalitat multó a 94 empresas por no etiquetar en castellano y en esta ocasión la caverna no dice ni mu. Silencio absoluto. Ni una queja, ni un gemido, mucho menos un asomo de rebelión. Nada de “¡Vaya atropello!”. Nada de “¡Ustedes no tienen derecho a decirme en qué lengua debo etiquetar mis productos!”. Ningún grito de “¡Libertad!”. ¿Por qué no repiten ahora aquello tan sobado de “Prohibido prohibir”? Leo en El País, el sábado, que Jordi Anguera, director de la Agència Catalana del Consum, explica diversas cosas respecto a esas multas. Una: “La regulación, en el caso del etiquetaje, es favorable al castellano. Hay cerca de 120 leyes estatales que obligan a etiquetar en español”. Ojo al dato: ¡”120 leyes estatales que obligan a etiquetar en español”! Por mucho que aguzo el oído no oigo que nadie se rasgue las vestiduras, ni que aúllen en Intereconomía. Otra cosa que explica Anguera: “Las indicaciones obligatorias del etiquetado deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado”. ¿Dónde están ahora las acusaciones de nazis, por seguir la ley? Escasamente críticos con el nazismo –y su versión cheli, el franquismo–, a la mínima llaman nazi a cualquiera que no piense como ellos y, ante las multas que los de la Generalitat imponen por no etiquetar en castellano, se callan y esta vez no los llaman nazis. ¿Qué pasa? Explica también El País que la Generalitat “multó a la multinacional del mueble Ikea con 8.000 euros por varias deficiencias en la información al consumidor; entre otras, no disponía del etiquetaje en castellano”. Si las multas hubiesen sido por no etiquetar en catalán, ya habría ahora mismo dos nutridas manifestaciones de catorce o quince personas: una frente a Ikea Montigalà y la otra frente a Ikea L’Hospitalet –con Albert Rivera y Sánchez Camacho a la cabeza, respectivamente–, pidiendo que no se multe a nadie y exigiendo que de una vez por todas acabe esta terrible dictadura nacionalsocialista catalana.

Para redondearlo, es imprescindible leer el fantástico artículo de Jordi Cañas, diputado en Catalunya por Ciutadans. Yo, por si acaso, os lo resumo. Viene a decir que obligar a etiquetar y rotular en catalán es “imponer un modelo identitario nacionalista excluyente”. En cambio, obligar a hacerlo en castellano supone “proteger al consumidor, evitar daños a la salud y garantizar sus derechos”.

Hagamos ahora un ejercicio de sustitución. Lea la siguiente frase del artículo de Cañas:

“Madre mía,qué barbaridad, que se obligue a las empresas a que cuando vendan un producto en nuestro país tenga sus instrucciones en su lengua oficial para que cuando los ciudadanos compremos, por ejemplo, un medicamento podamos leer sus contraindicaciones para no morirnos, o cuando adquiramos una televisión sepamos sintonizarla, o cuando compremos un mueble en Ikea sepamos cómo montarlo. Una terrible imposición de un Estado español opresor de la libertad de empresa.“

Hágase el esfuerzo de interpretar lengua oficial como lengua oficial del estado (como decía una tertuliana de televisión; “en castellano, lo normal”). Notará que el artículo practica una fina ironía. Evidente que los textos tienen que venir “explicados” en el idioma de los consumidores.

Hágase ahora el esfuerzo de interpretar lengua oficial como catalán (oficial en Catalunya). Notará ahora el lector cómo se trata de un texto sin ninguna ironía. Imponer el etiquetado en catalán es propio de un nazionalismo opresor.

Por último, hágase el esfuerzo de no mearse en los pantalones de la risa.

Y es aquí donde aparece la maravillosa riqueza del lenguaje y la capacidad de las mayorías de articular el discurso que les dé la razón. Porque yo he hecho trampa, sí. El catalán no es oficial. Es cooficial. De tal manera que nadie sensato diría que es una barbaridad pedir que los españoles puedan leer las instrucciones de cómo montar un mueble de Ikea en castellano (por cierto, no tienen contraindicaciones mortales). ¡Es su lengua oficial! ¡Y es la ley!

Pero… ¿Es necesario en una lengua sólo cooficial? ¡Pero si los catalanes ya entienden el castellano! La ley (“hecha por nosotros”, olvidan decir) ya lo dice. Por algo será. Hay que cumplir la ley. Es básico en democracia. Y así, poco a poco, vamos minorizando lo que no sea bien castizo.

Creo que hoy, que el PP me ha convertido en todavía más políglota de lo que lo era, es una buena fecha para recuperar este fantástico artículo del maestro Monzó. En su honor (en el del PP), mi lista de idiomas: castellano, catalán, inglés, valenciano y aragonés oriental. Por cierto, intuyo que pronto incluiré el balear.